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17 de febrero de 2026
Paola Macuitl
La diputada Susana Riestra Piña del PAN, propuso una reforma para que las autoridades, servidoras y servidores públicos no filtren información y estén obligados a resguardar, proteger y garantizar confidencialidad en la información, datos personales, documentos, imágenes, videos, audios, registros o cualquier otro material relacionado con la víctima.
La legisladora propuso prohibir que los servidores públicos difundan, publiquen, compartan, utilicen ilícitamente, información, videos o audios que se encuentran bajo su custodia, a los que tengan acceso o de los que tenga conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.
Esto, siempre y cuando filtrar la información afecte la dignidad, intimidad, seguridad o seguridad personal de las víctimas o genere la victimización directa o indirecta.
En caso de que se cumpla, habrá una responsabilidad administrativa o civil, y será avisado a las autoridades, en caso de qué pueda existir un delito.
En su propuesta, la diputada consideró que la filtración de información convierte a la víctima en objeto de exposición pública y acentúa el daño que recibió, afectando a sus familiares, testigos y personas cercanas, quienes pueden enfrentarse a la estigmatización, amenazas, hostigamiento o presión social.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública(ENVIPE), en 2024, reportó que el 27.5% de los hogares tuvo al menos una persona integrante como víctima de un delito.
