Revocación de mandato en Acatlán depende de pruebas: Pável Gaspar; aún no llega al Congreso

Paola Macuitl Gallardo

A una semana de haber sido aprobada por el Cabildo, la solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, aún no ha sido recibida formalmente por el Congreso de Puebla. Así lo confirmó en rueda de prensa el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Pável Gaspar Ramírez.

El diputado de Morena subrayó que la procedencia del proceso no se determinará por posturas personales de las y los legisladores, sino con base en lo que establezca la ley y en la correcta integración del expediente por parte de las y los regidores, quienes deberán presentar pruebas que sustenten las presuntas irregularidades denunciadas.

“La única forma de ofrecer certeza a la ciudadanía es mediante el apego estricto a la ley y a los procedimientos establecidos. Los asuntos relacionados con la instrucción o revocación de mandato cuentan con una vía legal clara, misma que ha sido explicada de manera reiterada”, señaló.

Gaspar Ramírez indicó que, una vez que el documento llegue al Congreso, será fundamental que el expediente esté debidamente integrado. Asimismo, recordó que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta Mier, garantiza la gobernabilidad y la paz en el municipio, y aseguró que el Poder Legislativo actuará con total imparcialidad.

El pasado 8 de junio, el Cabildo de Acatlán acordó solicitar al Congreso del Estado el inicio del procedimiento de revocación de mandato. Durante la sesión se expusieron diversas inconformidades, entre ellas una presunta disparidad salarial, ya que la alcaldesa percibe más de 60 mil pesos mensuales, mientras que las y los regidores reciben 6 mil 800 pesos. También se denunciaron supuestos abusos de poder, cobro de cuotas y un manejo discrecional de la información financiera municipal.

Tras la aprobación de la solicitud, integrantes del Cabildo denunciaron actos de intimidación presuntamente cometidos por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Alberto Domínguez López. Asimismo, el tesorero municipal, David Fernando Chico, reportó que la chapa de su oficina fue forzada el 11 de junio, un día después de que se presentara la petición ante el Ayuntamiento.

Por estos hechos, el Cabildo aprobó el pasado 15 de junio la destitución del funcionario.

Sin embargo, la alcaldesa, emanada de Morena, desconoció la validez de dicha sesión al argumentar que no estuvo presente y que no se cumplieron los requisitos legales para su realización. Cuestionado sobre este tema, Pável Gaspar evitó pronunciarse respecto a la legalidad de la destitución y reiteró que el Congreso respetará la autonomía del gobierno municipal.