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Praxis
29 de junio de 2026

Martha Berra
La lluvia del pasado 28 de junio dejó una precipitación de 60 milímetros, la más intensa de los últimos 12 años. El foco rojo fue el vaso regulador Puente Negro, que no alcanzaba niveles tan críticos desde 2014. Una mujer perdió la vida. Familias vieron cómo el agua entraba a sus hogares. Vehículos quedaron atrapados bajo los pasos a desnivel como si fueran juguetes arrastrados por la corriente. Y mientras el lodo apenas comenzaba a secarse, también reapareció un viejo hábito: la búsqueda inmediata de culpables.
Las explicaciones no tardaron. Se habló de obras mal planeadas, de infraestructura heredada con deficiencias, de colectores bloqueados, del crecimiento urbano sin orden y de decisiones tomadas hace años. Nada de eso es mentira. Puebla arrastra desde hace décadas problemas hidráulicos que ningún gobierno ha logrado resolver de fondo.
Pero la memoria selectiva tiene un límite moral.
Cada temporada de lluvias la historia se repite casi con la misma precisión: vialidades convertidas en ríos, drenajes rebasados, negocios inundados y los mismos puntos críticos bajo el agua. Cambian las administraciones, cambian los discursos y cambian los responsables señalados, pero las soluciones estructurales siguen sin llegar.
Sin embargo, sería igual de cómodo convertir esta tragedia únicamente en un debate político.
De acuerdo con Agua de Puebla, buena parte de las afectaciones se agravó por la acumulación de residuos sólidos en coladeras, alcantarillas y barrancas, lo que redujo la capacidad de desalojo del agua. No es un argumento nuevo ni una excusa improvisada; es un patrón que se documenta prácticamente en cada temporada de lluvias.
Las coladeras no se tapan solas. Las tapan las botellas que alguien lanzó por la ventana del automóvil, las bolsas de basura abandonadas en la calle, los muebles viejos arrojados a una barranca, los escombros que terminan bloqueando el drenaje porque resulta más fácil deshacerse de ellos en la vía pública que buscar una disposición adecuada.
Nos hemos acostumbrado a exigir gobiernos eficientes sin preguntarnos qué tan buenos ciudadanos estamos siendo. La indignación suele aparecer cuando el agua entra a la casa, pero desaparece cuando toca recoger la basura frente al domicilio o evitar tirar residuos en la calle.
Eso no libera de responsabilidad a las autoridades. Su obligación sigue siendo mantener la infraestructura, invertir en obras hidráulicas, realizar desazolves preventivos, vigilar el crecimiento urbano y planear una ciudad capaz de resistir fenómenos meteorológicos cada vez más intensos. Puebla no puede seguir dependiendo de que “no llueva demasiado” para funcionar con normalidad.
Pero tampoco puede aspirar a ser una ciudad resiliente si quienes la habitan siguen tratándola como un enorme basurero.
La responsabilidad compartida suele ser el argumento menos popular porque obliga a todos a hacer algo. Es más sencillo culpar al gobierno que reconocer nuestras propias conductas; igual de fácil es para los gobiernos culpar a las administraciones anteriores que aceptar que el tiempo para resolver estos problemas se sigue agotando.
Lo ocurrido este fin de semana es consecuencia de muchos años de omisiones, malas decisiones y una cultura ciudadana que todavía normaliza ensuciar el espacio público sin asumir las consecuencias.
La próxima tormenta ya viene. La verdadera incógnita no es a quién vamos a culpar cuando ocurra, sino si esta vez se habrá aprendido algo antes de que el agua vuelva a recordarnos que la memoria también se inunda.




