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12 de marzo de 2026

Paola Macuitl
El gobernador Alejandro Armenta Mier propuso una reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para ampliar el concepto de “obra pública” y llevar a cabo obras sociales para población vulnerable con recursos federales.
Con la reforma también se considerará obra pública la rehabilitación de inmuebles con cargo a recursos estatales, municipales o destinados al servicio público y uso común.
También agrega a la ley el concepto de “obras y acciones sociales básicas”, para beneficiar a la población en pobreza extrema o con nivel de rezago social.
En caso de aprobarse esta reforma, cuando se trate de obras y acciones sociales básicas, que se realicen en inmuebles de propiedad particular, el ejecutor de gasto deberá acreditar que previo al inicio de la obra, cuenta con el permiso expreso y/o los derechos otorgados.
En el documento se menciona que la legislación estatal no contempla de manera expresa las intervenciones de mejoramiento de vivienda realizadas en inmuebles de propiedad privada, cuando éstas se ejecutan con fondos federales destinados al combate a la pobreza y al desarrollo social.
Dicha situación puede generar un vacío normativo que afecte la adecuada programación, autorización, contratación, ejecución y seguimiento de los recursos destinados a este tipo de acciones, es por ello que fue propuesta esta iniciativa.
El mandatario propuso que previo a la ejecución de los trabajos, las dependencias y entidades, deberán tramitar y obtener los dictámenes, permisos, licencias y derechos de bancos de materiales.
También deberán contar con la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos.
“En la convocatoria a la licitación se precisarán, de ser aplicables, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista”, propone para la fracción II del artículo 22.
La propuesta fue turnada a la Comisión Comunicaciones e Infraestructura del Congreso local para su estudio.





