Cargando contenido...
Cargando contenido...
10 de marzo de 2026
Ozair Viveros
A través de una carta abierta dirigida al gobernador Alejandro Armenta Mier, un grupo de elementos del área de Movilidad del Estado denunció una presunta red de extorsión, abusos y vínculos delictivos encabezada por el Comandante Jaime Oropeza González.
Los inconformes exigen una auditoría inmediata ante el cobro de “cuotas” que, aseguran, podrían sumar hasta un millón de pesos semanales.
En el documento, los trabajadores señalan irregularidades graves como el presunto cobro de entre 40 y 50 mil pesos por el otorgamiento de plazas a cerca de 350 elementos, así como la exigencia de pagos diarios de hasta mil pesos por unidad.
Además, alertan sobre la designación de jefes de grupo que carecen de trayectoria policial o formación jurídica, lo que vulnera la operatividad de la institución.
La denuncia también expone condiciones laborales precarias, con jornadas de hasta 18 horas diarias y falta de respaldo ante agresiones de particulares.
El personal operativo solicita la destitución de Oropeza González y la intervención del Órgano Interno de Control para investigar el patrimonio de los mandos señalados, confiando en que la administración estatal no tolerará actos de corrupción en las corporaciones de seguridad y vialidad.
La Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, por parte, reiteró a través de un posicionamiento, que mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y que cualquier señalamiento relacionado con posibles conductas indebidas debe ser atendido con seriedad, responsabilidad y apego a la ley.
“Por ello, se hace un llamado a quienes hayan sido testigos o cuenten con información sobre posibles irregularidades al acudir a las instancias correspondientes, a presentar las denuncias formales acompañadas de las pruebas necesarias, a fin de que las autoridades competentes inicien con las investigaciones conducentes conforme al marco legal vigente.
El Gobierno del Estado y esta Secretaría reiteran que el combate a la corrupción es frontal y permanente, y que cualquier conducta que vulnere la legalidad, la integridad institucional o el servicio a la ciudadanía será investigada y sancionada, en caso de acreditarse responsabilidades.
Asimismo, se refrenda la disposición de colaborar con los órganos de control y las autoridades competentes para garantizar transparencia, legalidad y el correcto funcionamiento de la institución”, concluye el comunicado.
