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26 de febrero de 2026
Paola Macuitl
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla, Andrés Villegas Mendoza, indicó que en las próximas semanas aprobarán reformas contra el reclutamiento forzado de menores de edad para el crimen organizado.
En entrevista, reveló que el pasado miércoles los diputados y diputadas locales de Morena tuvieron una reunión con el coordinador de la bancada, Pavel Gaspar Ramírez, en dicho encuentro acordaron las prioridades legislativas de las próximas semanas.
En septiembre de 2025, el diputado propuso castigar con 15 años de prisión el reclutamiento forzado en Puebla, a través de una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Código Penal. Esto ocurrió tras la desaparición de 12 hombres en Amozoc, quienes habrían sido engañados para formar parte del crimen organizado.
La definición de este delito sería la siguiente:
“Comete el delito de reclutamiento forzado quien, mediante violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, obligue, induzca, invite, facilite, promueva o coaccione a una persona para integrarse, participar o colaborar en grupos delictivos, organizaciones criminales, asociaciones ilícitas o en actividades de carácter armado, sin su consentimiento libre e informado”, dice.
A la persona responsable de este delito se le impondrá una pena de ocho a 15 años y aumentará en una mitad cuando:
—- La víctima sea niña, niño o adolescente
—- Se emplee violencia física, armas, amenazas graves o se cause lesión
—- Cuando el reclutamiento tenga por objeto la comisión de delitos violentos o el uso de armas de fuego o explosivos
—- Intervengan dos o más personas
—- Participe un servidor público o integrante de institución de seguridad pública, o quien se ostente como tal
—- Cuando concurran dos o más de las hipótesis anteriores, el incremento podrá llegar hasta en dos tercios de la pena máxima prevista
El diputado agregó que otra de las reformas que el Congreso espera abordar en las próximas semanas es la sanción hasta de 4 años de prisión a quien use ponchallantas para impedir la circulación de un vehículo.
