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1 de junio de 2026

Paola Macuitl Gallardo
El presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, reconoció que en su administración se han reportado por lo menos tres casos de corrupción que involucran a policías municipales. Señaló que, aunque no precisó la cifra, varios elementos han sido cesados por estas conductas.
El edil se refirió al tema tras la Recomendación 13/2026 emitida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, por una detención ilegal ocurrida en octubre de 2024 durante un conflicto vial.
“Por supuesto que atendemos la situación y los elementos que han sido involucrados en situaciones como esa, han sido cesados”, aseguró.
Hernández López indicó que no es el único caso. La Oficialía de Partes ha recibido otras quejas por abuso de autoridad e intento de extorsión. Sin embargo, aclaró que, si las personas afectadas no presentan denuncia formal, no se puede dar seguimiento en las instancias correspondientes.
“Ha habido algunos abusos de autoridad, ha habido situaciones ahí, malentendidos. En alguna, hubo por ahí un video con un tema de extorsión, pero todas bajo una denuncia se han llevado a buen puerto. No podemos tener elementos de este tipo en nuestra corporación”, dijo.
El alcalde reconoció que las anomalías no se limitan a incidentes viales ni solo a Seguridad Pública, pues también se han detectado casos que involucran a funcionarios de la administración. La CDH documentó que el 27 de octubre de 2024 dos policías municipales retuvieron a un hombre sin informarle sus derechos ni permitirle comunicarse con un familiar. Además, aseguraron ilegalmente su vehículo.
Durante la custodia, la víctima presentó golpes en piernas, muslo izquierdo, abdomen y cara. Por ello, la Comisión concluyó que se violaron los derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal,
Como parte de la Recomendación 13/2026, el Ayuntamiento deberá brindar atención psicológica y médica a la víctima, además de una compensación económica por perjuicios, sufrimiento y pérdidas derivadas de la detención ilegal.
También capacitará al personal de la Presidencia Municipal sobre respeto y protección a los derechos humanos y dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar si las acciones u omisiones constituyen un delito.




