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19 de mayo de 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México lanzó una alerta ante el incremento de riesgos de trata de personas y explotación sexual que podrían presentarse durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se disputará en los meses de junio y julio.
La institución advirtió que las redes criminales suelen aprovechar la alta movilidad, las aglomeraciones masivas y el flujo de turistas nacionales e internacionales para captar a víctimas en situación de vulnerabilidad, especialmente a menores, mujeres y migrantes.
El organismo eclesial enfatizó que, si bien los eventos deportivos internacionales fomentan la convivencia cultural, también se convierten en un escenario idóneo para la operación delictiva mediante el engaño y la coerción.
“La dignidad humana no se compra, no se vende y no puede ser explotada. La trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos y una herida profunda para nuestra sociedad”, declaró la Comisión, subrayando que como Iglesia “no pueden permanecer indiferentes” ante esta realidad.
Factores de riesgo y modus operandi
Como parte del contexto preventivo, la Arquidiócesis retomó datos recientes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, identificando los principales focos rojos y métodos de captación actuales:
• Entornos digitales: Uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas digitales y videojuegos como herramientas para enganchar a niñas, niños y adolescentes.
• Falsas promesas a migrantes: Ofertas fraudulentas de empleo, hospedaje, traslado, apoyo económico o regularización migratoria.
• Desinformación: Confusión generalizada en la sociedad sobre qué conductas constituyen el delito de trata, lo que dificulta la detección y la denuncia oportuna.
Ante este panorama, la Iglesia se sumó al llamado de organismos internacionales y autoridades para blindar el periodo mundialista.
Exhortó a familias, escuelas, medios de comunicación y al sector turístico a asumir una corresponsabilidad activa, e instruyó a su estructura pastoral (sacerdotes, catequistas y religiosos) a implementar medidas concretas en las comunidades:
“Se propone hablar con claridad sobre este delito, orientar a los padres sobre riesgos digitales, difundir protocolos de protección de menores y colocar materiales informativos en lugares visibles”.




