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8 de julio de 2026
Imagen generada con IA
Redacción
El Gobierno de México anunció que emprenderá nuevas acciones jurídicas en territorio estadounidense luego de la muerte de otro ciudadano mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un caso que ha intensificado las exigencias de justicia y reavivado el debate sobre el trato que reciben los migrantes bajo custodia de las autoridades de ese país.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la estrategia legal será coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y buscará fortalecer la defensa de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, ante lo que calificó como una situación que no puede normalizarse ni permanecer sin consecuencias legales.
El anuncio se produjo después del fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que perdió la vida tras un enfrentamiento con agentes del ICE en Houston, Texas. Mientras las autoridades estadounidenses sostienen que el uso de la fuerza ocurrió durante un intento de detención, familiares, organizaciones civiles y representantes de la comunidad migrante han cuestionado esa versión y exigen una investigación independiente que esclarezca lo sucedido.
La administración mexicana adelantó que analizará diversas vías legales para acompañar el caso y reforzar la protección consular de los connacionales, además de mantener comunicación con las autoridades estadounidenses para exigir transparencia durante el desarrollo de las investigaciones.
Organismos defensores de los derechos humanos también se pronunciaron tras el incidente. Amnistía Internacional pidió una indagatoria imparcial y con plena rendición de cuentas, al considerar indispensable esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del migrante y determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes involucrados.
El caso se suma a otros fallecimientos de personas migrantes registrados durante 2026 en centros de detención o en operativos relacionados con el ICE, una situación que ha generado preocupación tanto en México como entre organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes.
Frente a este escenario, el Gobierno de México reiteró que continuará utilizando los mecanismos diplomáticos y jurídicos disponibles para exigir el respeto a los derechos humanos de los connacionales en el extranjero y dar seguimiento puntual a las investigaciones que involucren a ciudadanos mexicanos.
