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18 de mayo de 2026
Paola Macuitl Gallardo
Diputados federales del Partido del Trabajo (PT) por Puebla señalaron que la reforma que aplaza a 2028 la elección del Poder Judicial podría discutirse y aprobarse en sesión extraordinaria este viernes 22 de mayo en la Cámara de Diputados.
El diputado Antonio López Ruiz explicó en rueda de prensa que la iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentará durante el receso legislativo, cuando opera la Comisión Permanente y para votarla se requiere convocar al Pleno a una sesión extraordinaria.
“Nosotros lo vemos con buenos ojos, es necesario, es vital y no sólo se queda ahí, tenemos que hacer un trabajo profundo en fiscalías y en Ministerios Públicos”, dijo el legislador al respaldar la propuesta.
La diputada Nora Merino Escamilla precisó que el cambio también movería la jornada electoral del Poder Judicial local prevista para 2027 en Puebla al 4 de junio de 2028.
“Llamarán a la Cámara de Diputados y estaremos en condiciones de estar sesionando probablemente este mismo viernes”, apuntó.
Con ello, en 2028 se renovarían cuatro magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito y 385 juzgados de distrito. En tanto, en 25 Poderes Judiciales, incluido el de Puebla, se elegirían 424 magistraturas y más de 2,800 jueces.
Merino Escamilla detalló que la reforma contempla crear una Comisión Coordinadora para Homologar Metodologías y Criterios de Evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes.
Otro ajuste relevante es la reducción de candidaturas. Los Comités de Evaluación seleccionarían a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y luego se realizaría una insaculación pública para dejar solo dos candidaturas.
Con ello, los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajarían de 81 a 54; en tribunales judiciales, de 45 a 30 y en el TEPJF, de 63 a 42.
La legisladora advirtió que la reforma debe aprobarse antes del 31 de mayo. Una vez avalada por diputados federales y senadores, más de la mitad de los Congresos estatales deberán ratificarla para que entre en vigor.
