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8 de junio de 2026

Paola Macuitl Gallardo
El Cabildo de Acatlán de Osorio aprobó un posicionamiento para iniciar el proceso de revocación de mandato en contra de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas.
Esta medida se tomó ante las acusaciones por un supuesto abuso de poder, opacidad en la información financiera y por percibir un sueldo que supera en un 400% al de las regidoras y regidores del municipio.
Durante la sesión celebrada este lunes, los integrantes del cuerpo edilicio expusieron la disparidad salarial, pues detallaron que los regidores perciben un sueldo de 6 mil 800 pesos. Ante esto, solicitaron el tabulador oficial de salarios para cotejar las cifras; sin embargo, la tesorera municipal, Fanny Guzmán Cohetero, se negó a entregar el documento bajo el argumento de que requerían tramitar una solicitud formal mediante un oficio.
Los regidores señalaron que la presidenta municipal percibe ingresos mensuales superiores a los 70 mil pesos, pero la propia alcaldesa desmintió dicha cifra durante el encuentro y dijo que su salario neto real es de 60 mil pesos al mes.
Ante la situación, la regidora Juliana Jiménez presentó una propuesta para convocar a la ciudadanía de Acatlán, al Congreso local y al gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta Mier, con el objetivo de formar “un frente común contra el autoritarismo y la opacidad”.
Asimismo, Jiménez hizo un llamado a inspectores, autoridades auxiliares, líderes sociales, cámaras de comercio y transportistas para hacer un escrito de ratificación para iniciar la revocación de mandato.
“Propongo a este Cabildo el siguiente punto de acuerdo: Primero: se instruye al síndico municipal para que en un periodo no mayor a 5 días hábiles, reúna escuche y documente todas las inconformidades y señalamientos de los integrantes de este Cabildo”, propuso.
De igual forma, solicitó gestionar una reunión con la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla para exponer la problemática interna del ayuntamiento.
Finalmente, la regidora denunció públicamente que el personal del Ayuntamiento fue condicionado a asistir a un evento público para poder recibir su salario. A esto sumó quejas por cobros excesivos no contemplados en la Ley de Ingresos y abusos de los elementos de tránsito.




