El próximo 14 de julio, Estados Unidos impondrá un arancel del 20.91% al jitomate mexicano, una decisión del Departamento de Comercio que marca la salida formal del Acuerdo de Suspensión Antidumping firmado en 2019 entre ambos países. La medida responde, según el gobierno estadounidense, a “precios injustos” que habrían afectado la competitividad de sus productores, principalmente en Florida. El problema no es nuevo, pero sí reiterado: desde hace décadas, los agricultores del sur de EE.UU. han acusado a sus pares mexicanos de practicar dumping, es decir, vender por debajo del costo para dominar el mercado.
Pero esta vez, el contexto es más sensible. El jitomate es el tercer producto agrícola más exportado por México, después de la cerveza y el aguacate. En 2024 generó más de 3,000 millones de dólares en exportaciones, de las cuales el 99% se dirigió al mercado estadounidense. Es decir, prácticamente no tiene otro destino. La dependencia es tal que estados como Sinaloa, Jalisco y Sonora, principales productores, podrían enfrentar severas consecuencias económicas y sociales si la exportación se vuelve inviable.
El origen de esta nueva imposición arancelaria no es ajeno a la política. La decisión se dio tras la reactivación de medidas proteccionistas por parte de la administración de Donald Trump, quien en su segundo mandato ha vuelto a poner el foco sobre México, no solo por el tema migratorio y del fentanilo, sino ahora también por el agro. Aunque los nuevos aranceles al jitomate no están directamente ligados al T-MEC, sí se suman a una estrategia más amplia de presión comercial hacia México, que también ha incluido tarifas al acero, aluminio, cerveza y automóviles.
